Derechos del niño, niña y adolescente

Mónica Contreras Jecob, socióloga

Tengo derecho a

vivir en familia

incluso si soy un niño o niña mayor

El vivir en familia está consagrado por la Convención de los Derechos del Niño y, por tanto, es un derecho humano universal e inalienable, es decir, un derecho fundamental que no puede ser legítimamente negado a una persona.

A partir de esta premisa y desde la mirada de los sistemas de protección a la niñez y adolescencia, cabe revisar la situación de aquellos que hoy se encuentran en situación de total abandono, con susceptibilidad de adopción, pero que por ser mayores de dos años, ven postergado indefinidamente su derecho consagrado a la convivencia familiar.
Según datos del Servicio Nacional de Menores, entre el 2006 y el 2010 se ha observado un aumento del 15% de los enlaces por año. ¿Qué ocurrió? Se produjeron modificaciones a los reglamentos y procedimientos de adopción que permitieron variar la edad de los niños adoptados, lo que agilizó el proceso. Si en 2007 la mayoría de los niños y niñas adoptados tenían menos de seis meses, el año pasado fue de uno a dos años la edad de más enlaces. Incluso, en comparación con 2007, el rango entre los 12 meses y cuatro años de edad presentó un aumento en adopciones del 30%.
Este aumento de la edad se debería a dos factores principales: 1) La apertura de las instituciones colaboradoras en la explicitación de los procesos de adopción, que permitieron transmitir a los postulantes la necesidad de extender estos límites de edad, de modo de agilizar el proceso adoptivo; y 2)una serie de medidas que han permitido coordinar mejor el proceso de adopción, las que se agruparon en el Sistema de Detección Precoz, programa que conjuga variables como el tiempo de permanencia de los niños y niñas en hogares, las causales por las que entraron y las condiciones en que se encuentran allí, para luego clasificarlos en tres niveles de alerta, donde los primeros dos tienen prioridad.
Frente a estos avances del sistema chileno de protección especial, sin duda vale la pena celebrar por los niños y niñas beneficiados, pero en nuestro rol de garantes de derechos universales, no podemos perder de vista a aquellos que han ido quedando sin respuesta oportuna y pertinente por parte de las políticas sociales y que deben permanecer en programas residenciales, los que no cuentan con financiamiento estatal suficiente como para asegurar un servicio integral –de contención, atención y reparación- bajo estándares internacionales de calidad.
La adopción de niños y niñas mayores es un desafío permanente de un Estado garantista de derechos, que debiera contemplar la evidencia científica en la materia y el enfoque de derechos en la definición de una estrategia efectiva de abordaje, que ponga en el centro el interés superior de los niños y niñas.
Si bien la adopción de niños y niñas mayores reviste muchas dificultades asociadas a las experiencias y efectos que tiene en ellos los tiempos prolongados de institucionalización, además del duelo familiar propio de una vivencia de adopción, las investigaciones señalan que “si esas familias son apoyadas con una adecuada preparación y servicios de acompañamiento permanente, tendrán una alta tasa de éxito”. Si los padres y madres adoptivos están abiertos a brindar una acogida basada en el amor y la aceptación, la relación vincular tendría mucha fuerza, siendo altamente probable que perdure y se consolide, incluso si el niño presentase problemáticas conductuales severas.
Desde esta perspectiva, en su rol de garante, el Estado debiese definir una política de adopción que sea capaz de reconocer la diversidad de población que se encuentra tras una “susceptibilidad de adopción” y analizar, de acuerdo a ello, sus propuestas programáticas y estrategias de abordaje y apoyo. Urge, desde una lógica de respeto a los derechos humanos, la constante revisión de los protocolos, procedimientos y tiempos asociados a los procesos de adopción, para que la restitución del derecho a vivir en familia sea en el más breve plazo; al mismo tiempo que se proveen soportes específicos, que permitan promover la adopción de niños y niñas mayores, preparar y acompañar a los niños y niñas que serán “egresados” del sistema de protección con familias adoptivas, y entregar apoyo psicosocial sistemático a la nueva unidad familiar que, sin dudas, presentará necesidades particulares y diferentes a las de una familia adoptiva de un lactante.