26 de diciembre de 2012

Tráfico de niños



El lado oscuro de la adopción

Catástrofes naturales, dictaduras militares, normativas débiles que dejan grandes vacíos legales, son algunos de los escenarios que propician la vulneración de derechos fundamentales de la infancia. Décadas atrás, en España y Argentina, el terrorismo de Estado dejó miles de víctimas con identidad y destinos truncados. En Australia, en tanto, miles de mujeres fueron forzadas a entregar a sus hijos y en Haití, hace sólo un par de años, un terremoto obligó a Unicef a encender su voz de alerta.
A mediados de 2011 el país se conmocionó con la historia conocida en ese momento como “Los Niños de la calle O’Donnell”. Impacto causó la noticia de la adopción de tres niños por chilenos en España, bajo un procedimiento absolutamente irregular, ocurrido hace más de cincuenta años. Ellos son Luis Fernando Lezaeta, María Jesús Vicuña y José Luis Hurtado, quienes a los pocos días de nacer, cayeron en el engranaje de las adopciones ilegales que comenzaron con el franquismo y continúo por varias décadas, derivando en un negocio clandestino y millonario.
Si bien el testimonio de Lezaeta, Vicuña y Hurtado en su momento fue claro en establecer que el reclamo no era contra los padres adoptivos, sino contra el Estado español, reflotó el intrincado y largo capítulo de la historia del país europeo relacionada con el robo de niños y que, según establece la prensa ibérica, habría afectado a unos 300 mil casos. De esta cifra, se calcula que 30 mil habrían llegado a Latinoamérica y de esos al menos una veintena, entre los que se encontrarían Lezaeta, Vicuña y Hurtado, tuvieron por destino Chile.
El drama partió con Franco, la guerra civil española y el periodo de posguerra, cuando los niños eran robados a sus madres en circunstancias en que ellas eran encarceladas o asesinadas, por ser militantes o ser madres, esposas o hermanas de republicanos. La guerra civil llenó las cárceles no sólo de hombres, sino también de mujeres y sus hijos. Fue en ese marco que se instauró como política de Estado la apropiación de niños con el fin de adoctrinarlos en el nuevo modelo de Estado. Se calcula que en 1943 el número de hijos de republicanos bajo tutela estatal superaban los 12 mil.

Esta política de Estado traspasó las fronteras. Durante la guerra civil muchos españoles decidieron mandar a sus hijos al extranjero con el fin de protegerlos. Una vez instalado Franco en el poder estableció la repatriación de todos ellos, con o sin autorización paterna. Una ley de 1940 estableció que la patria potestad de los niños que estaban en los centros de auxilio social pasaba automáticamente al Estado, con el riesgo que los padres perdieran a sus hijos.
Pero con Franco no terminó el problema. La red ya se había instalado secreta, pero fuertemente al interior de España. Las investigaciones en ese país establecen casos desde 1943 hasta 1996, pero la mayoría sucedió en la década del sesenta.

Latinoamérica, el caso de Argentina
En Argentina, en tanto, el tráfico de bebés ocurrió como una práctica sistemática de Estado, que también se desarrolló al amparo de la dictadura militar encabezada por Videla y autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que rigió entre 1976 y 1983 en el país trasandino.

Hasta hoy, la búsqueda, recuperación y atención especial de esos niños cuya identidad fue sustraída, está encabezada por las Abuelas de la Plaza de Mayo, grupo que partió a tientas y hoy cuentan con una estructura y organización que les ha permitido recuperar alrededor de 105 niños, de un total que ellas calculan son aproximadamente 500.
Al igual que en el caso español, en Argentina el secuestro y desaparición de niños adquiere ribetes de terrorismo de Estado, cuando el golpe militar procede a la detención, tortura y desaparición no sólo de miles de hombres, sino también de mujeres, un porcentaje de ellas embarazadas y que fueron mantenidas prisioneras en centros clandestinos hasta el parto, con el fin de apropiarse de los bebés.

El régimen de Videla elaboró incluso un reglamento secreto para establecer el procedimiento en estos casos, convirtiendo los centros de detención en maternidades clandestinas, con médicos y enfermeras atendiendo a las detenidas bajo el mando del régimen militar y elaborando documentos falsos para los recién nacidos, con el propósito de suprimir su verdadera identidad .
En 1980 y aún en dictadura militar las Abuelas de la Plaza de Mayo, con el fin de buscar a los niños secuestrados, desaparecidos y apoyarlos una vez recuperados, encontraron a las primeras dos nietas, Tatiana y Laura . Desde entonces, las Abuelas impulsaron el desarrollo de técnicas para determinar la identidad y reconstruir los parentescos perdidos; lo llamaron “Índice de Abuelidad” y fue desarrollado inicialmente por el Blood Center de Estados Unidos.

Más tarde, durante el gobierno de Raúl Alfonsín se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, en el cual se han guardado muestras de sangre de las familias de los desaparecidos, con las que se han trazado los mapas genéticos de todas las familias que tienen niños secuestrados y que serán guardadas hasta el año 2050, para poder compararlas con cualquier persona con que se suponga pueda existir algún parentesco. En el gobierno de Carlos Menem, en tanto, se creó la Comisión Nacional de Derecho a la Identidad, para que jóvenes con dudas respecto de su identidad, puedan verificar su filiación sin la necesidad de contar con la intervención de un juez. La asociación H.I.J.O.S., integrada por hijos de detenidos desaparecidos y algunos nietos recuperados, es otro de los organismos que colabora activamente en la búsqueda.
De acuerdo a las Abuelas de la Plaza de Mayo, el régimen militar de Videla terminó con 30 mil detenidos desaparecidos y un plan sistemático y preconcebido de apropiación de niños, los que fueron robados como botín de guerra, que perdieron su identidad y familia original y fueron inscritos como hijos propios por militares, vendidos o abandonados en instituciones como N.N.

Sin embargo, las madres de detenidos desaparecidos no han descansado en la búsqueda y localización de sus hijos, así como de los niños pequeños y que estaban por nacer. Cada uno cuenta con una causa abierta en la justicia, a la que se agregan las denuncias que van ocurriendo a lo largo del tiempo y que conforman elementos probatorios que determinan su verdadera identidad y la de los responsables de su secuestro o tenencia ilícita.
Australia, cinco décadas de engaño
En el otro extremo del mundo, en Australia, también se produjo un gran número de de adopciones irregulares. Esta fue una práctica generalizada durante los años sesenta y setenta principalmente, pero con registros que van de los cincuenta a los noventa, cuando una gran cantidad de mujeres -se calcula que unas dos mil- fueron obligadas e incluso drogadas, con el objetivo de conseguir su firma en los formularios de consentimiento para la adopción de sus hijos. Esto, se produce en el marco de que tener hijos fuera del matrimonio era considerado socialmente inaceptable y, además, representaba una carga económica para el Estado la manutención de estas mujeres y sus hijos.

Se realizó una investigación respecto de estas adopciones forzadas que fue presidida por la senadora Rachel Siewert y desató tal revuelo y conmoción en el país que concluyó con la recomendación de una disculpa generalizada y formal a los padres y niños afectados, no sólo por parte de la Commonwealth, sino también de todos los gobiernos estatales, territoriales y las organizaciones no gubernamentales que administran las adopciones.
Se calcula que los niños afectados por esta situación podrían haber llegado a la cifra de 150 mil y que fueron vendidos, pero los inculpados se excusan en que “no existen documentos” que lo acrediten.

Las redes de tráfico en las catástrofes naturales
Si bien tanto los casos aquí descritos de adopciones ilegales en España, Argentina y Australia se remontan a varias décadas atrás, el problema está absolutamente latente y vigente. Como el caso de Haití en 2010, cuando se produjo el terremoto de enero. A sólo un par de semanas de ocurrido este desastre ya el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, alertaba que 15 niños habían desaparecido de los atiborrados hospitales haitianos. Según advirtió Unicef en su oportunidad, la catástrofe rápidamente vino a activar las redes de tráfico de niños vinculadas al mercado ilegal de adopción, aunque Jean-Luc Legrand, consejero regional del organismo, declaró que la trata de niños ya existía en Haití antes del terremoto. Mismo problema que se vivió con el tsunami que afectó a Asia en 2004, oportunidad en que las redes de tráfico también se activaron apenas ocurrió la catástrofe, aprovechando la vulnerabilidad para secuestrar a los niños y sacarlos del país.

En el caso de Haití, Legrand declaró que existían pruebas que les permitía determinar la existencia de estas redes, que operaban particularmente a través de Santo Domingo, República Dominicana. En esa oportunidad, el representante de Unicef hizo un llamado a los países que acogen a niños haitianos a respetar la Convención de La Haya, que protegen tanto a los infantes como a sus familiares de estas adopciones ilegales.
La Conferencia de la Haya asumió, a partir de 1988, la elaboración de un instrumento multilateral que garantiza que las adopciones internacionales se tramiten en consideración al interés superior del niño y en pleno respeto de sus derechos fundamentales, previniendo la sustracción, venta y tráfico, estableciendo además un marco jurídico de cooperación entre las autoridades de ambos estados involucrados, el del país de origen del niño y del que lo recibe. Ochenta estados han suscrito este acuerdo, entre ellos Chile. Sin embargo, existen países como Haití o algunos de África que no han ratificado el Convenio. Así, al evaluar la posibilidad de adoptar, los extranjeros adoptantes deben estudiar la legislación local para determinar si en el evento de concretarse la adopción, ésta sería reconocida en su país de residencia.

Convención de La Haya sobre Adopción
El Convenio de La Haya, del 29 de mayo de 1993, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, protege a los niños y a sus familias contra los riesgos de adopciones internacionales ilegales, irregulares, prematuras o mal gestionadas. Este Convenio, que también opera a través de un sistema de Autoridades Centrales, refuerza la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (art. 21) y pretende garantizar que las adopciones internacionales se realicen en el interés superior del niño y con respeto a sus derechos fundamentales, así como prevenir la sustracción, venta o tráfico de niños.

Cita normas A.P.A.:
Siredey, Verónica (2012). Tráfico de niños. El lado oscuro de la adopción. Adopción y Familia, 8, 44-47


URL Abreviada: http://numrl.com/tdn08

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