Tengo derecho a tener una familia
Carolina Bascuñán D.
Directora
Fundación ‘Crecer con Justicia’
Existe
consenso a nivel internacional sobre que cualquier medida de protección hacia
la infancia vulnerada debiese estar destinada a garantizar que los niños y
niñas vivan en una familia protectora. Este derecho ha sido consagrado en
importantes instrumentos internacionales que entregan un marco legal a los
estados para garantizar el cumplimiento del mismo.
El derecho
a vivir en familia se basa fundamentalmente en la capacidad socializadora de
éstas, debido a que no existe otro lugar más apropiado para que un niño o una
niña se forme como ser social, que no sea en el seno de una familia.
Tanto es
así que la evidencia científica señala que aquellos niños que son cuidado por
familias adoptivas o familias de acogimiento transitorio, presentan no sólo
mejores resultados en el ámbito cognitivo y emocional que aquellos que pasan el
mismo período en instituciones de protección, sino que también se convierten en
adultos con un mayor nivel de adaptabilidad social, lo que les posibilita
conseguir trabajo con mayor facilidad, establecer relaciones sociales sólidas y
formar sus propias familiar en mayor proporción que aquellos niños que no gozaron
de este derecho.
Lo anterior
no resulta curioso si muchos de nosotros revisamos nuestras prácticas
parentales y vemos cómo ellas están fuertemente influenciadas por nuestras
experiencias de vida, sobre todo que se basan en los recuerdos que tenemos
acerca de lo que nuestros padres hicieron respecto de nosotros.
Estos aprendizajes son especialmente importante en
la primera infancia, y en específico durante el periodo de 0 a 3 años,
fundamentalmente debido a que en estos primeros años el serhumano establece
vínculos y recibe estímulos que le posibilitan adquirir las habilidades que le
permitirán el relacionamiento social con su entorno. Así lo señala
recientemente el documento: “Llamado a la acción: Poner fin al internamiento de
niñas y niños menores de tres años en instituciones de protección”,de UNICEF.
En este llamado se sostiene el hecho de que una
institucionalización precoz y prolongada tiene graves efectos perjudiciales
sobre la salud y desarrollo físico y cognitivo de la niña o el niño. Estos
daños causados por una permanencia en las instituciones pueden llegar a ser
irreversibles.
Por todo lo anteriormente mencionado es que resulta
de suma urgencia comprometernos como sociedad en la garantía que tiene todo
niño y niña a crecer y desarrollarse en una familia protectora, lo que quiere
decir que viva en un ambiente que desarrolle al máximo su potencial de vida y
garantice, a su vez, una sociedad que ponga en el centro de su atención la
protección de la infancia que ha sido vulnerada.
Los derechos son una garantía de todos los niños y
niñas sin distinción alguna y somos los adultos los llamados a velar por su
cumplimiento.
Cita normas A.P.A.:
URL Abreviada: http://numrl.com/dna09
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